Denuncia al 9933989844…🚩⚠️‼️ ¡FRACKING PEMEX: 358,929 MDD PARA PERFORAR 25,638 POZOS, CONSUMIR 1,923 MMC DE AGUA PARA 3.9 MMDBP Y 12.1 BCF DE GAS! La viabilidad de la fracturación hidráulica o fracking en el territorio mexicano enfrenta cuestionamientos severos frente a la magnitud de sus costos sociales, ambientales y económicos, los cuales contrastan drásticamente con un beneficio energético de carácter efímero. Según la investigación titulada “Fracking sin coordenadas públicas”, elaborada por los especialistas Manuel Llano Vázquez Prada, José Rafael Flores Hernández y Carla Flores Lot para la organización @Cartocritica , la apertura a esta técnica extractiva sometería a un estrés sin precedentes a comunidades, ecosistemas y fuentes hídricas en siete entidades del país: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Todo esto debido al debate que se lleva a cabo y que organizó el Gobierno Federal sobre la viabilidad del fracking en México, a través de @Pemex , que se centra en lograr la soberanía energética frente al alto costo de importar gas de Texas, EU. El Gobierno Federal evalúa tecnologías de “bajo impacto” para usar en yacimientos a más de 2,500 metros de profundidad, mientras que ecologistas alertan sobre sismicidad y contaminación de acuíferos. A pesar de los riesgos inminentes que esto conlleva, la opacidad gubernamental ha prevalecido. Desde 2018, la información detallada que solían hacer pública @Pemex y la Secretaría de Energía (Sener), de Luz Elena González Escobar, dejó de actualizarse con desagregación geográfica. La situación se agravó en 2024, cuando la entonces Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH ya desaparecida), cuyas funciones administrativas recaían en la Sener y en la Comisión Nacional de Energía (CNE), clasificó estos expedientes como información reservada, dejando a la población potencialmente afectada ante una amenaza que carece de coordenadas geográficas precisas. El análisis demográfico del área de interés para la extracción de hidrocarburos no convencionales revela una exposición masiva y desproporcionada para poblaciones en situación de vulnerabilidad. En total, 6,087,026 personas habitan dentro de estas poligonales y en su respectivo radio de impacto a la salud, delimitado metodológicamente a 15 kilómetros. De este universo demográfico, aproximadamente 4.4 millones de individuos residen directamente sobre las áreas de potencial operación, mientras que 1.67 millones se ubican en la periferia de riesgo. La distribución territorial indica que el 64% de los afectados se concentra en 172 localidades urbanas, catalogadas así por superar los 2,500 habitantes, y el 36% restante se dispersa en 18,022 asentamientos rurales. Entre los grupos poblacionales biológicamente más expuestos a los impactos sanitarios y disruptores endocrinos derivados de la actividad petrolera, destacan 591,534 niñas y niños en la primera infancia, 638,682 menores en etapa de niñez, 650,990 adolescentes y más de 1.5 millones de mujeres en edad reproductiva. A estas cifras se suman más de 3.3 millones de personas en edad adulta y 858,476 adultos mayores. Las carencias estructurales en las regiones implicadas agravan de forma directa el nivel de indefensión de sus habitantes ante cualquier eventual contingencia ambiental. El levantamiento de datos subraya que más de 1.25 millones de las personas amenazadas carecen de derechohabiencia a servicios básicos de salud, mientras que 877,193 individuos son hablantes de alguna lengua indígena, lo que representa poco más del 15% de la población mayor de tres años en la zona de estudio. En materia de infraestructura de vivienda, de los más de 1.6 millones de hogares particulares cuantificados, 152,557 no tienen acceso a suministro de agua entubada y 200,100 carecen de un sistema de drenaje. El documento también registra que la escolaridad promedio de la población mayor a 15 años es de apenas 9.1 años, el equivalente a la educación secundaria completa. Las implicaciones de género son un componente crítico en este escenario, ya que más de medio millón de hogares en la región cuentan con una jefatura familiar femenina. Al respecto, Beatriz Olivera, quien se desempeña como investigadora y directora de la organización Engenera AC, enfatiza que los impactos del extractivismo son profundamente asimétricos y perjudican de manera desproporcionada a mujeres e infancias. La especialista argumenta que, como consecuencia de los roles impuestos por las estructuras patriarcales, las mujeres asumen mayoritariamente la gestión y acarreo del agua para las labores domésticas. Esta dinámica de trabajo no remunerado se vería directamente obstaculizada por una industria que acapara volúmenes masivos de recursos hídricos y representa un alto riesgo de contaminación. Frente a este panorama, Olivera extendió un exhorto público a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que honre su promesa de campaña respecto a la prohibición definitiva del fracking y de la minería a cielo abierto en territorio nacional. La investigadora advirtió que ignorar este compromiso constituiría una traición directa a millones de personas del sector rural que emitieron su voto confiando en dicha agenda de protección ambiental. La presión sobre la tenencia de la tierra y los recursos naturales se perfila como uno de los mayores detonantes de conflictividad. La superficie total clasificada con potencial para hidrocarburos no convencionales abarca 7.77 millones de hectáreas. De esta vasta extensión territorial, el veintiocho por ciento, equivalente a cerca de 2.2 millones de hectáreas, pertenece a un régimen de propiedad social, lo que afectaría de manera directa a 2,405 ejidos y bienes comunales. Cualquier incursión de la industria petrolera en estas dimensiones implicaría un proceso intensivo de ocupaciones, imposición de servidumbres de paso, instalación de infraestructura pesada y severas disputas por compensaciones y control territorial. El escenario hidrológico añade una capa de viabilidad insostenible al proyecto extractivo. En la actualidad, el 37% de la superficie requerida ya experimenta un grado alto o extremo de estrés hídrico, y el 53% sufre de un declive documentado en sus niveles de agua subterránea. Las proyecciones climáticas para el año 2050 estiman que el estrés hídrico crítico alcanzará al 46% de este territorio. La inyección masiva de agua dulce exigida por la técnica del fracking colapsaría la disponibilidad local, dado que casi el 19% del agua necesaria tendría que extraerse de cuencas o acuíferos que hoy operan con déficit y carecen de disponibilidad. Peor aún, un 65% del requerimiento hídrico recaería sobre zonas donde las operaciones petroleras consumirían entre la mitad y la totalidad del volumen de agua disponible para el resto de las actividades humanas y ecológicas. Para dimensionar la profunda desproporción existente entre los requerimientos de inversión, el impacto ambiental y el rendimiento energético real, el informe presenta un balance contundente a escala nacional. El inventario total de recursos prospectivos se estima en 38.9 mil millones de barriles de petróleo y 120.8 billones de pies cúbicos de gas. Lograr la extracción de apenas la décima parte de estos recursos recuperables obligaría a perforar 25,638 pozos, consumir 1,923 millones de metros cúbicos de agua dulce y canalizar una inversión financiera de 358,929 millones de dólares. A cambio de este despliegue operativo masivo, el Estado obtendría 3.9 mil millones de barriles de petróleo y 12.1 billones de pies cúbicos de gas. Al contrastar estas cifras con el ritmo de consumo nacional proyectado para el año 2025, estos volúmenes únicamente alcanzarían para cubrir la demanda interna de petróleo durante 5.9 años y la de gas por unos exiguos 3.7 años. A nivel geográfico, el análisis identifica tres grandes focos de tensión que encapsulan la problemática en sus respectivas provincias petroleras. En la provincia de Sabinas-Burro Picachos, que comprende una franja al norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas caracterizada por su continuidad geológica transfronteriza, el obstáculo central es la sobre explotación extrema del agua. En esta demarcación, la extracción del 10% de los recursos prospectivos demandaría la perforación de 2,233 pozos y el uso de 167.5 millones de metros cúbicos de agua dulce para recuperar una cifra de 6.7 billones de pies cúbicos de gas, volumen que solventaría el consumo nacional por unos dos años. No obstante, la totalidad absoluta de esa demanda hídrica se concentra en cuencas que actualmente registran nula disponibilidad. Por otro lado, en la provincia petrolera de Burgos, la complejidad operativa y social radica en la alta dispersión poblacional, la cual amenaza la dinámica de 2,651 localidades. Finalmente, en la cuenca de Tampico-Misantla, el escenario de conflictividad escala debido a la superposición directa de los planes extractivos sobre consolidados territorios indígenas y propiedades de tipo ejidal. Ante la gravedad de estos datos y la urgencia de socializar la información, Gerardo Suárez, vinculado al Observatorio de Extractivismo en México, ha facilitado vías de contacto y difundido herramientas digitales como un mapa interactivo. Esta plataforma de consulta ciudadana permite a los usuarios explorar, capa por capa, las variables demográficas, hídricas y territoriales de una industria que amenaza a millones de habitantes operando desde la invisibilidad institucional. Atención @Claudiashein @MarcelaVilleg15 @CNE_Mex @SENER_mx @GobiernoMX @FGRmexico @LuzElena_GE @ASF_Mexico @SCJN @STPS_mx @Tu_IMSS @SEMARNAT_mx @agencia_asea @CENAGAS_mx @IMPetroleo @SATMX @Hacienda_Mexico @BuenGobierno_mx @Centrofcrl #OIC #UIF #OmarReyesColmenares …Zas!!!
3.-https://linozentella.com.mx/buscara-sener-autosuficiencia-en-gas-natural-fracking-el-plan-al-2030/
