Denuncia al 9933989844… 🚩⚠️ ¡SSE PEMEX/GENARO ROBLES CASILLAS: ACUSAN CORRUPCIÓN Y ACOSO EN CÚPULA DE RED MILITAR! Una extensa y detallada denuncia formal presentada por trabajadores vulnerados, agentes de Seguridad Física en su mayoría, ha puesto al descubierto una grave crisis operativa, abusos laborales y presuntos actos de corrupción en la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) @Pemex . El documento, dirigido directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; al director general de @Pemex , Juan Carlos Carpio Fragoso; y a la directora de Administración y Servicios, Marcela Villegas Silva, exige la intervención urgente de organismos fiscalizadores y de derechos humanos como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Órgano Interno de Control, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La acusación sostiene que la estructura dedicada a proteger el patrimonio energético del país opera bajo esquemas sistemáticos de hostigamiento, nepotismo y abuso de poder. De acuerdo con los denunciantes, el centro de estas irregularidades se ubica en las instalaciones conocidas como el Búnker, situadas en la Avenida 5 de Mayo número 150, colonia San Lorenzo Tlaltenango, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, extendiéndose hacia enclaves operativos estratégicos de la Región Sur en zonas como Puebla, Tierra Blanca en Veracruz, Coatzacoalcos y Salina Cruz. La cúpula señalada está encabezada por el general de división Genaro Robles Casillas, subdirector de Salvaguardia Estratégica, quien percibe un sueldo bruto mensual de 183,865.00 pesos (neto estimado de 127,786.17 pesos), y el general Elpidio Canalez Rosas, gerente de Seguridad Física, con percepciones brutas de 178,269.00 pesos (neto de 123,896.95 pesos). A ambos mandos se les atribuye ostentar un control absoluto del área alegando que ninguna autoridad puede removerlos, instaurando una red dominada por familiares, compadres y allegados sin la preparación técnica ni la experiencia requerida para resguardar las instalaciones nacionales. Las imputaciones no se limitan a las altas remuneraciones o al tráfico de influencias, sino que señalan la posible existencia de vínculos con redes de robo de hidrocarburos e irregularidades en asignación de contratos, adquisiciones y movimientos administrativos opacos. Para contener cualquier intento de protestar o denunciar estos hechos, la cúpula militar habría instrumentado un aparato de amedrentamiento operado por la Unidad de Coordinación Técnica (UCT), bajo el mando del teniente coronel Gabriel Véliz Morales y coordinado por Rafael Abraham Verdejo Alvarado. A través de esta unidad se inician investigaciones laborales arbitrarias y traslados temporales como represalia para minar la estabilidad económica y familiar del personal, restringiendo arbitrariamente los derechos contemplados en el Reglamento del Personal de Confianza bajo el pretexto de desempeñar funciones especiales. Las condiciones operativas en la SSE reflejan un severo deterioro en los derechos humanos y laborales de la plantilla, con jornadas extenuantes que llegan a superar las 120 horas semanales. Este nivel de agotamiento físico y mental representa un peligro inminente de infartos o accidentes cerebrovasculares, además de potenciar el riesgo de siniestros fatales al manejar armamento reglamentario y vehículos oficiales. La situación resulta crítica en los departamentos de la Región Sur, donde el general Edel Agustín Luna Cárdenas, subgerente de Seguridad Física Regional, con un sueldo bruto de 175,440.77 pesos (neto de 121,931.34 pesos), y el capitán Pablo Gómez Cantero, jefe del Departamento en Tierra Blanca, ejercen presuntamente amenazas constantes alardeando contar con el respaldo irrestricto de la alta dirección militar. La presencia militar abarca puestos clave en toda la geografía nacional, encabezada en el ámbito de las subgerencias regionales por el general José Luis Castro Herrera en el Centro, el general Enrique Rangel Carbajal en el Norte, el general José Pedro Arciniega Gómez en el Noroeste, el general Jesús Antonio Hernández Moreno en la Región Marina, el general Osvaldo Béjar Méndez en el Occidente y el teniente coronel Fernando Rafael Pastrana Padilla en la Subgerencia de Operaciones. Asimismo, la estructura de superintendencias incluye al general Antonio Reyes Rivera en Operaciones Golfo, al coronel de infantería retirado Jaime Cruz Izasmendi Tapia en el Noreste (quien devenga un sueldo bruto de 167,172.08 pesos y neto de 116,184.59 pesos), al teniente coronel Raúl Sánchez Escárcega en Occidente, al teniente coronel Mauricio González Rosas en el Centro, al doctor Alejandro Márquez González en Noroeste y al mayor Álvaro Rodolfo Rivello Rodríguez, responsable de la supervisión de operaciones aéreas con tecnologías de vanguardia. El despliegue de mandos se completa en los departamentos de zona con los tenientes coroneles José Luis Quiñones de la Fuente en Querétaro, José Eduardo Serrano Rodríguez en Salamanca, José Luis Méndez Galicia en Cima de Togo, Eutimio Ponce Solís en Villahermosa y David López Chacón en Chihuahua. La nómina de jefes zonales incluye también a los capitanes Ernesto Guevara Alonso en Ciudad del Carmen, Miguel Armando Cabeza de Vaca Rodríguez en Zapopan, Manuel de Jesús Pacheco Loaeza en Puebla, Julio César Echevarría Ochoa en El Rosario, Everardo Rodríguez Villarreal en Madero, Ignacio Pelayo Nava en Tula, Gabriel Alberto Ruiz Montelongo en Reforma, Guillermo Emigdio Pérez Lizáola en Gómez Palacio y Antonio Hidalgo Izquierdo en Coatzacoalcos (este último con un sueldo bruto de 111,925.22 pesos y neto de 77,788.03 pesos), además de los tenientes Enrique Raymundo de la Vega Gómez en Azcapotzalco y Francisco Javier Barragán Castañeda en Aguascalientes, junto al funcionario Mario Benigno Ramírez García en Topolobampo. Los denunciantes subrayan que esta extensa nómina militar representa apenas una cuarta parte de la totalidad de las plazas creadas intencionalmente durante las administraciones de Genaro Robles Casillas y Elpidio Canalez Rosas para beneficiar a círculos personales y saldar compromisos castrenses. Ante este panorama, los trabajadores han solicitado formalmente que se brinde protección efectiva a los denunciantes y que las instancias estatales conduzcan investigaciones imparciales y transparentes sin importar el rango o la jerarquía de las personas señaladas, buscando erradicar la impunidad y restaurar la legalidad en una de las áreas más vitales para el Estado mexicano. 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