Denuncia al 9933989844… 🚩⚠️‼️ ¡DESTINAN MILES DE MILLONES EN PPEF 2027 A FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO EN CUENCA TAMPICO-MISANTLA A PESAR DE PROHIBICIÓN PRESIDENCIAL! El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027 contempla la asignación de más de 12,200 millones de pesos a seis proyectos petroleros operados por @Pemex en los que se contempla o se ha realizado la técnica de fracturación hidráulica. Esta canalización de recursos públicos contrasta de manera directa con las recomendaciones emitidas por la comunidad científica y con los compromisos de protección ambiental acordados para la región de la cuenca Tampico-Misantla. Según se detalla en el informe titulado “Un Avance Puntual y Selectivo: Fracking en el Presupuesto Público 2027, elaborado por las organizaciones Engenera, Fundar Centro de Análisis e Investigación y la Alianza Mexicana Contra el Fracking, la falta de un marco legal vinculante mantiene abierta la amenaza de la explotación no convencional en el territorio nacional. La discusión sobre la explotación de yacimientos no convencionales surge en un contexto energético caracterizado por la elevada dependencia exterior de México, donde entre el 70 y el 75% del gas natural consumido proviene de Estados Unidos (particularmente del estado de Texas) y más del 80% de ese volumen importado se destina a la generación de energía eléctrica para satisfacer el consumo de la propia empresa paraestatal y de la industria manufacturera de exportación. Ante este escenario, en abril de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el entonces director general de @Pemex , Víctor Rodríguez Padilla (ahora Juan Carlos Carpio Fragoso), plantearon la urgencia de extraer recursos no convencionales como vía para fortalecer la soberanía energética y reducir la vulnerabilidad frente a las importaciones estadounidenses. Sin embargo, la evidencia geológica recabada en el análisis advierte que el país superó sus picos de producción de petróleo en 2004 y de gas en 2009, entrando en una declinación natural irreversible donde la totalidad de los recursos prospectivos apenas alcanzaría para cubrir una cuarta parte de la demanda actual de gas fósil durante un periodo máximo de cinco años. A raíz de este debate, la Presidencia de la República impulsó la creación del Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional, instancia compuesta finalmente por 47 investigadoras e investigadores distribuidos en las mesas de ingeniería, planeación y prospectiva, agua e impacto, tras un ajuste inicial en su integración para incorporar visiones ajenas al sector petrolero. Tras cuatro meses de evaluaciones, en agosto de 2026 la mandataria federal dio a conocer los resultados del comité, dentro de los cuales destaca la recomendación número 4, la cual señala explícitamente que deben prohibirse las actividades de aprovechamiento de yacimientos no convencionales de gas natural en la cuenca Tampico-Misantla por razones de protección social, preservación de la biodiversidad y alta densidad demográfica. Asimismo, el grupo especializado sugirió condicionar la viabilidad de estos proyectos únicamente a las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y Burgos, en Tamaulipas, bajo estrictos criterios como la prohibición de utilizar agua potable o superficial, la obligación de emplear agua salada profunda o residual desvinculada de acuíferos someros, el reciclaje de al menos el 75% del recurso hídrico, la eliminación de aditivos tóxicos, la garantía de consulta previa, libre e informada, y el impulso a una estrategia soberana basada en un incremento del 38% en la generación eléctrica renovable hacia el año 2030, la eficiencia energética y la erradicación de la quema de gas. A pesar del pronunciamiento público del comité científico, el Ejecutivo federal no ha emitido ningún decreto, ley o regulación vinculante que formalice la prohibición de la fracturación hidráulica en Tampico-Misantla, permitiendo que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 mantenga financiamiento para proyectos clave en dicha cuenca. El análisis metodológico del informe, centrado en el Programa de Inversión K025 Infraestructura Económica de Hidrocarburos (el cual absorbe el 48% del presupuesto de la petrolera estatal con un total de 250,784 millones de pesos repartidos en 162 proyectos), reveló que las asignaciones presupuestarias vigentes continúan respaldando actividades donde la técnica de perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico forman parte de los planes técnicos. Este esquema programático se vincula formalmente con las estrategias de producción sostenida y expansión de reservas del Eje General 4 sobre Desarrollo Sustentable del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, evidenciando que los recursos públicos se siguen canalizando de forma persistente hacia una práctica de extracción intensiva. De los proyectos identificados en la cartera de inversión pública para 2027 con implicaciones directas de fracturación hidráulica, 5 concentran la totalidad de los 12,200 millones de pesos detectados. El monto más elevado corresponde al proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), ubicado entre Veracruz y Puebla con 29 campos distributivos en ocho sectores, el cual recibirá 5,557 millones de pesos a pesar de que evaluaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos revelaron que desde 2010 el 76% de sus pozos, equivalentes a mil 323 perforaciones, habían sido fracturados. Le sigue en cuantía el Proyecto Integral Veracruz (PIV), en la porción terrestre de la cuenca homónima, con una asignación de 3,712 millones de pesos orientada al desarrollo de pozos horizontales y la evaluación de potencial no convencional. Por su parte, el proyecto Integral Poza Rica (PIPZ), situado en la planicie costera de la provincia Tampico-Misantla en el norte de Veracruz, operará con 2,615 millones de pesos bajo esquemas que contemplan la intensidad del fracturamiento como un factor de riesgo reconocido. Además, el polígono Coyula, que abarca 787.9 kilómetros cuadrados entre Hidalgo, Puebla y Veracruz, dispondrá de 223 millones de pesos destinados a programas de fracturamiento hidráulico en pozos de desarrollo tipo J, mientras que el contrato Miquetla, operado mediante la alianza entre @Pemex Exploración y Producción (PEP) y la empresa OPERADORA DE CAMPOS DWF, obtendrá 91 millones de pesos para planes que contemplan hasta 20 etapas de fracturamiento en pozos exploratorios. Las organizaciones autoras del reporte enfatizan que la continuidad en la asignación de fondos públicos para estos proyectos contraviene los derechos fundamentales de las comunidades locales, afectando el derecho a un medio ambiente sano, al agua, a la salud y a la libre determinación territorial. La Alianza Mexicana Contra el Fracking ha señalado de forma reiterada que la fracturación hidráulica se ha practicado en el país de manera oculta y velada por parte de la empresa estatal, omitiendo procesos de consulta previa e informada y exacerbando las tensiones sociales con las poblaciones que defienden sus territorios de los impactos socioecológicos de la industria fósil. Frente a esta opacidad, el informe exige a la Cámara de Diputados establecer mecanismos de transparencia obligatorios para que @Pemex desglose con precisión los montos específicos asignados al fracking en las evaluaciones técnico-económicas de sus dictámenes de inversión, así como negar la aprobación presupuestaria a cualquier proyecto que involucre el uso de esta técnica. Como alternativa a este gasto hidrocarburífero, el estudio propone redirigir los 12 mil 200 millones de pesos hacia una transición energética justa y al fortalecimiento de las capacidades de adaptación climática del país. En el plano interno de la petrolera, estos fondos permitirían ejecutar reconversiones tecnológicas, programas de eficiencia y proyectos de reducción de emisiones fugitivas de metano, aprovechando las facultades legales contempladas en los artículos 3, 8 y 17 de la Ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos para incursionar en energías limpias. Si los recursos provienen de transferencias del Gobierno Federal, el análisis plantea reforzar el Anexo Transversal 15 de Transición Energética (que en 2027 operará con 20,289 millones de pesos de los cuales el 80% se encuentra comprometido en infraestructura ferroviaria y eléctrica sin priorizar fuentes renovables), elevar la partida asignada a las Áreas Naturales Protegidas que actualmente sobreviven con un presupuesto marginal de 16.20 pesos por hectárea, y fortalecer el componente de pérdidas y daños del Anexo Transversal 16 sobre cambio climático, el cual apenas cuenta con 697 millones de pesos aprobados para atender a la población vulnerable frente a desastres ambientales. 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