Denuncia al 9933989844… 🚩⚠️ ¡CALIFICAN AMBIENTALISTAS DE “FALSO FRACKING SUSTENTABLE” PROYECTO DE PEMEX! El anuncio del Comité Científico sobre el uso del fracking en México desató una nueva discusión entre organizaciones ambientalistas y el Gobierno Federal, luego de que el grupo de especialistas recomendara avanzar con el desarrollo de pozos piloto para la extracción de gas en yacimientos no convencionales con la asociación de @Pemex en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas. Diversas agrupaciones advirtieron que esta decisión representa un incumplimiento al compromiso de prohibir esta técnica y sostuvieron que abre la puerta a una actividad que, a su juicio, pone en riesgo la seguridad hídrica, el medio ambiente y los derechos humanos de millones de personas. Las organizaciones señalaron que la resolución del comité fue dada a conocer dos meses después del plazo previsto y ocurre en un contexto marcado por la crisis ambiental y de salud derivada de la explosión del pozo de gas KREM-1 de SCHLUMBERGER en Las Choapas, Veracruz, que se salió de control el 05 de marzo pasado y fue controlado el 02 de agosto 2026. Desde su perspectiva, la decisión del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa uno de los mayores riesgos para la protección del agua en el país, particularmente en el noreste, una región donde la escasez del recurso ya genera conflictos sociales. De acuerdo con el pronunciamiento, la presidenta trasladó el análisis técnico a un comité coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), encabezada por Rosaura Ruiz Gutiérrez. El documento recuerda que el 15 de abril fueron presentados 17 especialistas con el encargo de analizar la posible explotación sustentable del gas no convencional. Sin embargo, las organizaciones consideran que desde el origen el mandato estuvo orientado a encontrar mecanismos para desarrollar el fracking bajo condiciones menos cuestionables, en lugar de valorar la posibilidad de prohibirlo de manera definitiva. El posicionamiento también cuestiona la integración del comité al señalar que quedaron fuera representantes de las comunidades potencialmente afectadas, así como especialistas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas. Para los firmantes, esta omisión limita el alcance del análisis debido a que el fracking no solo implica desafíos tecnológicos, sino también impactos políticos, territoriales, climáticos y sociales que, afirman, no pueden reducirse a un debate de ingeniería. Las organizaciones rechazaron además los argumentos sobre la existencia de nuevas tecnologías que permitirían reducir los impactos ambientales e hídricos del fracking. Entre ellas mencionaron el uso de agua salobre, el reciclaje del agua utilizada en los procesos, la aplicación de espuma de dióxido de carbono y el empleo de sustancias biodegradables u orgánicas. No obstante, sostuvieron que estas alternativas permanecen principalmente en el ámbito experimental y que no existe evidencia científica sólida que demuestre la eliminación de los riesgos inherentes a esta técnica, como la contaminación de acuíferos, las fugas de metano, la generación de sismos inducidos y las afectaciones sociales y ambientales. También advirtieron que las emisiones de metano asociadas al fracking contribuyen al calentamiento global y representan un riesgo para la calidad del aire y la salud de la población. Como respaldo a sus argumentos, el documento cita una investigación de @CartoCrítica, según la cual recuperar apenas el 10% de los recursos prospectivos de hidrocarburos no convencionales requeriría perforar más de 25 mil pozos y consumir aproximadamente mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce. Las organizaciones sostienen que estas cifras reflejan la magnitud de la presión que enfrentaría el recurso hídrico en caso de desarrollarse esta actividad a gran escala. El pronunciamiento también cuestiona la ausencia de información sobre el manejo de los residuos derivados del fracking. Según las agrupaciones, el anuncio oficial no precisa cómo serán tratados ni dónde se dispondrán los desechos generados por la actividad. Añaden que tampoco se establece una prohibición para su descarga en cuerpos de agua dulce o marinos y advierten que la inyección de residuos en pozos de disposición no elimina el riesgo de fugas, contaminación de acuíferos o actividad sísmica inducida. Asimismo, sostienen que no existen garantías para transparentar la ubicación de esos depósitos, el volumen de residuos ni la composición química de las sustancias utilizadas. A ello suman que el tratamiento de estas aguas es poco frecuente, costoso y técnicamente complejo, además de que los procesos disponibles no siempre eliminan metales, compuestos disueltos o materiales radiactivos. En materia económica, las organizaciones afirman que el desarrollo del fracking implicaría elevados costos financieros y mencionan que se ha planteado la creación de un fideicomiso con participación de capital privado nacional e internacional o la implementación de contratos mixtos con la industria petrolera. A su juicio, estos mecanismos contradicen el discurso gubernamental sobre soberanía energética y servirían para justificar la implementación de un modelo que califican como “falso fracking sustentable”. El documento advierte además sobre el impacto social que tendría la explotación de hidrocarburos no convencionales. De acuerdo con las cifras citadas, más de seis millones de personas viven dentro de las áreas con potencial para este tipo de extracción o en zonas que podrían verse afectadas por la actividad, lo que, según las organizaciones, las colocaría en riesgo de exposición directa a contaminantes con posibles consecuencias para su salud y sus derechos humanos. Respecto al panorama hídrico, el pronunciamiento sostiene que el noreste del país ya enfrenta una crisis de disponibilidad de agua. Indica que alrededor del 40% de la superficie con potencial para hidrocarburos no convencionales presenta actualmente niveles altos o extremos de estrés hídrico y que esta condición podría agravarse hacia 2050. Añade que el 65% del agua necesaria para desarrollar proyectos de fracking se ubicaría en regiones donde la actividad consumiría entre el 50% y el 100% del agua disponible localmente. Bajo ese escenario, concluye que ocho de cada diez litros requeridos para esta técnica generarían condiciones de riesgo hídrico grave. Las organizaciones aseguraron que, desde la instalación del comité científico hasta la presentación de sus recomendaciones, comunidades y pueblos de las regiones involucradas se organizaron para expresar su rechazo a la técnica. Destacaron que más de 90 organizaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, agrupadas en el frente NORESTE SIN FRACKING, manifestaron que la escasez de agua en la región impide destinar el recurso a la industria de los combustibles fósiles. También señalaron que comunidades de la Región Carbonífera de Coahuila consideran que durante décadas han asumido los costos ambientales, sociales y de salud derivados del modelo energético nacional y rechazan que el fracking profundice esa situación. El posicionamiento agrega que comunidades tenek y nahuas de la Huasteca, en San Luis Potosí, mantienen desde hace más de una década una oposición organizada al fracking y han expresado, mediante procesos de autoconsulta, un rechazo unánime a cualquiera de sus modalidades. Asimismo, señala que comunidades totonacas, nahuas, nuntajiiyi’ y campesinas de Veracruz también se oponen a nuevos proyectos relacionados con esta técnica, al considerar que prolongarían los impactos ambientales que atribuyen a operaciones anteriores realizadas por @Pemex y empresas privadas en la entidad. Para las agrupaciones firmantes, las promesas de empleo temporal, inversión o desarrollo económico no justifican los riesgos para el agua, la salud y los territorios de las comunidades. En ese sentido, sostienen que el argumento de la soberanía energética no debe prevalecer sobre la protección de los derechos humanos. Con base en ello, demandaron la prohibición constitucional del fracking en todo el país, la incorporación de las comunidades potencialmente afectadas en cualquier discusión sobre esta técnica, el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, el respeto a la autonomía y libre determinación de los pueblos que rechazan estos proyectos y la transparencia sobre las actuaciones del comité científico y de la SECIHTI. El pronunciamiento fue respaldado por la Alianza Mexicana contra el Fracking y decenas de organizaciones nacionales y regionales, entre ellas Acción Colectiva Socioambiental, CartoCrítica, Coahuila Sin Fracking, Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), Fundar Centro de Análisis e Investigación, Geocomunes, Noreste Sin Fracking, No Fracking Tamaulipas, Organización Familia Pasta de Conchos, Nuestro Futuro A.C., Nuestro Futuro Nuestra Energía, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla Tlaxcala y diversas organizaciones comunitarias y ambientales del país. 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