Denuncia al 9933989844…🚩⚠️ ¡HOSPITAL CENTRAL NORTE PEMEX: DAÑO A LA NACIÓN, PROTECCIÓN A ABUSADORES, SOBORNOS Y NEGLIGENCIA MÉDICA! La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para establecer un Servicio Universal de Salud (SUS), que contempla la integración de los nosocomios de @Pemex , enfrenta un grave panorama ante la crisis administrativa y operativa que atraviesa el Hospital Central Norte Azcapotzalco de dicha paraestatal. Documentos y denuncias exponen un colapso caracterizado por el desabasto de insumos, la cancelación recurrente de procedimientos quirúrgicos y una alta rotación de especialistas que abandonan la institución. Las acusaciones apuntan directamente a una red de complicidad encabezada por el director del hospital, Luis Raúl López Conde, y el subdirector, Jorge Escorcia Domínguez. A esta estructura se sumarían la jefa de enfermería, Silvia José; la encargada de enseñanza, Maritza Landero González; el jefe de anestesiología, José Eduardo Camacho; así como altos funcionarios del Centro de Servicios al Personal, integrados por Raúl Enrique González Rubio, Maricarmen Pola Garduño y el agente de trabajo Salvador López Muñoz. Además, se señala una estrecha colaboración con el secretario general de la Sección 45 STPRM, el cacique Israel Ramírez Herrera, consolidando lo que las denuncias califican como una mafia interna de protección institucional. Las irregularidades financieras y operativas en la administración han derivado en severos daños patrimoniales y delitos contra la salud pública. Durante la segunda semana de junio de 2026, la interrupción de la red de frío provocó la pérdida de tratamientos citotóxicos para quimioterapia valuados en más de tres millones de pesos, obligando a regresar a los pacientes citados a sus hogares. Ante este incidente, la supervisión médica y de enfermería optó por responsabilizar exclusivamente al personal operativo, evadiendo sus propias obligaciones legales y de servicio público. Un evento similar ocurrió entre febrero y marzo de este año, cuando en pleno brote activo de sarampión a nivel nacional, se desecharon más de quinientas dosis de la vacuna triple viral debido a fallas en la refrigeración. A estas mermas millonarias se suma la opacidad financiera registrada en enero 2025, periodo en el cual las jefaturas de laboratorio clínico, nutrición y cirugía reconstructiva no pudieron comprobar sus gastos operativos, sin que la dirección aplicara sanción o consecuencia alguna a los funcionarios implicados. El núcleo de las denuncias por violencia laboral, institucional y de género se concentra en el jefe de ortopedia, Paolo Roberto Parra Alanis, quien presuntamente opera bajo el encubrimiento absoluto de la cúpula directiva y de Recursos Humanos. En septiembre de 2025, el médico residente Alexis Díaz Villa abandonó su especialidad después de tres años de formación debido al hostigamiento crónico, la misoginia, la prepotencia y las actitudes homofóbicas promovidas de manera constante por Paolo Roberto Parra Alanis, situación que fue expuesta mediante una misiva pero ignorada por la dirección del hospital y la jefatura de enseñanza. La gravedad del ambiente laboral llegó a tal grado que las autoridades nacionales de educación de la paraestatal, encabezadas por Teresa Ivonne Gonzaga López, tomaron la decisión de suspender el envío de residentes de primer año a dicho hospital en marzo de 2026 para salvaguardar su integridad. Lejos de ser investigado, entre 2024 y 2026, Paolo Roberto Parra Alanis continuó fomentando un entorno hostil mediante la creación de grupos de mensajería con nombres de connotación sexual, en los cuales, con el respaldo de médicos de nuevo ingreso como Elías Ayala Jaimes, se denigraba a las mujeres y se acosaba al personal no alineado a sus intereses, logrando silenciar de manera sistemática a las médicas residentes afectadas. La impunidad en torno al jefe de ortopedia se extiende a la presunta comisión de actos de cohecho y a violaciones flagrantes de las leyes laborales y sanitarias. Existen registros que indican que, en enero de 2026, Paolo Roberto Parra Alanis presuntamente exigía cobros ilegales de hasta 30 mil pesos a los pacientes a cambio de agilizar sus procedimientos y garantizar su intervención. Aún más alarmante resulta un episodio ocurrido en marzo de 2026, cuando el mismo especialista, a pesar de encontrarse oficialmente bajo licencia médica por enfermedad que le impedía laborar, ingresó al quirófano para operar a un menor de edad de nombre Eithan Omar Sánchez Corella. Este acto, que atenta contra la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Responsabilidades Administrativas al poner en riesgo a terceros, fue solapado por el jefe de anestesiología y la jefatura de enfermería quirúrgica. Por otro lado, las denuncias formales interpuestas por víctimas de violencia de género ante las instancias internas de la empresa en septiembre de 2025, como el proceso impulsado por Maripaz Palestino Lara, fueron meramente canalizadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en junio de 2026, evidenciando una táctica de dilación para no sancionar al directivo. Las represalias contra el personal médico que carece de protección institucional son una práctica documentada en el nosocomio. Mientras se toleran las intervenciones ilegales del jefe de ortopedia durante sus incapacidades, las autoridades hospitalarias ejercen medidas punitivas y actos de canibalismo médico contra otros profesionales. Un caso paradigmático es el de Juan Alberto Vega Cruz, quien fue denunciado por el propio jefe de anestesiología y castigado en marzo de 2026 con una suspensión de ocho días sin goce de sueldo, impuesta por los funcionarios de recursos humanos Raúl Enrique González Rubio y Salvador López Muñoz. Posteriormente, Juan Alberto Vega Cruz enfrentó una investigación por malos resultados en las intervenciones quirúrgicas de la paciente Norma Angélica Rivera Herrejón. No obstante, los análisis del comité de morbimortalidad revelaron que fue el propio Paolo Roberto Parra Alanis quien, en su calidad de jefe de servicio, se negó a autorizar que Juan Alberto Vega Cruz interviniera a la paciente oportunamente para corregir complicaciones previas, trasladando así la responsabilidad de su negligencia administrativa al médico subordinado. El abuso de autoridad también ha vulnerado sistemáticamente los derechos contractuales del personal de enfermería. Durante el año 2025, se autorizaron permutas irregulares que beneficiaron a empleados como Rodrigo Pérez Avilés y perjudicaron el orden escalafonario de trabajadoras con mayor antigüedad, como Itzel Anel Balmori Estévez. Las inconformidades presentadas ante Recursos Humanos y el Órgano Interno de Control fueron desestimadas y enviadas al ámbito de las controversias laborales externas, consolidando un esquema de tráfico de influencias operado por Raúl Enrique González Rubio en franca complicidad con el líder sindical Israel Ramírez Herrera. Todo trabajador que se niega a brindar trato preferencial a los allegados de estos directivos, especialmente a los enviados desde el hospital de Tula, Hidalgo, es sometido a investigaciones arbitrarias. Además, cuando en marzo de 2026 se intentó denunciar a Raúl Enrique González Rubio y Salvador López Muñoz ante la Unidad de Responsabilidades por hostigamiento, violencia de género y desacato judicial, la respuesta del sistema alteró por completo el sentido de la queja ciudadana, clasificándola de manera inexacta como una acusación de acoso sexual para desvirtuar y fragmentar la denuncia original. Las repercusiones de la deficiente gestión ortopédica y administrativa han dejado estragos físicos irreparables en el propio personal de la institución. Entre 2023 y 2026, las negligencias operativas de Paolo Roberto Parra Alanis dejaron secuelas graves en al menos tres trabajadores en activo. Una empleada del servicio de intendencia, quien mantiene el anonimato por temor a represalias, labora actualmente con daños severos tras dos cirugías fallidas de rodilla. Por su parte, el asistente de enfermería de apellido Zavala acumula dos años sin poder laborar por motivos similares, perdiendo su sustento al tratarse de personal transitorio. De igual forma, el trabajador de mantenimiento David Guerra, víctima de dos malas intervenciones, sufrió revictimización durante una reunión en junio de 2026, en la cual el director, el subdirector, el jefe de personal y el propio jefe de ortopedia justificaron el fracaso quirúrgico argumentando que el problema radicaba en el peso del paciente. En su conjunto, la merma económica, la protección de abusadores, la exigencia de sobornos y la negligencia médica institucionalizada representan un obstáculo estructural que contradice y amenaza la viabilidad de los compromisos presidenciales de garantizar una atención médica gratuita y de excelencia en el país. Atención @Claudiashein @MarcelaVilleg15 @CNE_Mex @SENER_mx @GobiernoMX @FGRmexico @LuzElena_GE @ASF_Mexico @SCJN @STPS_mx @Tu_IMSS @SEMARNAT_mx @agencia_asea @CENAGAS_mx @IMPetroleo @SATMX @Hacienda_Mexico @BuenGobierno_mx @Centrofcrl #OIC #UIF #OmarReyesColmenares …Zas!!!
