Denuncia al 9933989844… 🚩⚠️🚢 ¡JUSTICIA BRASILEÑA INMOVILIZA BARCO LAGUNERO DE MARINSA/CEMZA POR DEUDA A TRIPULACIÓN! La justicia laboral brasileña ha ordenado la inmovilización inmediata de una embarcación de bandera mexicana, propiedad de MARINSA/CEMZA de José Luis “El Pelón” Zavala Solís debido a la severa crisis de abandono y precariedad en la que se encuentra su tripulación. A través de un mandato de arresto e indisponibilidad catalogado de urgencia humanitaria, el juez Bruno Andrade de Macedo, titular del Vigesimotercer Juzgado del Trabajo de Río de Janeiro, intervino ante el alarmante incumplimiento corporativo. El navío en cuestión, identificado como El Lagunero bajo el número de registro marítimo 9761736, permanece retenido en las instalaciones del Astillero Renave Industria Naval Limitada, ubicado en la Isla de Vianna del municipio de Niterói. Esta Acción Civil Pública, impulsada de forma incisiva por el Ministerio Público del Trabajo, busca resguardar el patrimonio necesario para cubrir la deuda salarial acumulada a favor de los marineros, la cual supera los tres millones de reales brasileños o diez millones de pesos mexicanos, evidenciando un grave desamparo operativo y humano. El escrutinio sobre el caso comenzó a tomar forma a principios de abril del año 2026, cuando Rinaldo Medeiros, director del Sindicato Nacional de Oficiales de la Marina Mercante, alertó sobre el deterioro de las condiciones a bordo. La denuncia se amplificó durante las sesiones del programa gubernamental de Brasil “Ouro Negro”, lo que derivó en una fiscalización presencial por parte de las autoridades laborales encabezadas por el auditor Gilson Di Luccas y el procurador Alexandre Ragagnin. Los hallazgos de las inspecciones constataron que el empleador dejó de emitir los pagos a la tripulación desde la primera quincena de enero de ese mismo año. Con un atraso superior a los noventa días, los trabajadores marítimos no sólo se enfrentaban al impago continuo, sino a una peligrosa falta de provisiones alimentarias básicas, escasez de agua y falta de medicamentos, configurando legalmente un estado de abandono según los parámetros de la Convención sobre el Trabajo Marítimo. El entramado de responsabilidades financieras y operativas señala directamente a MARINSA de México, propietaria y armadora del Lagunero. Las autoridades judiciales han vinculado a sus máximos representantes ejecutivos, incluyendo a su director general Gonzalo Campos, el gerente de operaciones Salvador García, el responsable de proyectos Juan Manuel González y los directivos Marne Martin y José Juan Zavala, hermano del Pelón Zavala Solís. En territorio brasileño, la gestión del navío recaía sobre Internav Navegación Limitada, con la intervención de operadores como José Carlos Abrahão Junior y Felipe Janout, además de involucrar corporativamente a MARINSA Brasil Servicios Marítimos Limitada. El proceso judicial vincula a diversas entidades cuya participación se deriva estrictamente de sus funciones legales y roles contractuales dentro de la industria marítima. La aseguradora europea British Marine está involucrada como el ente responsable de ejecutar la garantía financiera obligatoria (según la convención MLC 2006) para cubrir salarios y repatriación de la tripulación, contando con Jorge Tavares y la firma Representações Proinde (Rio) Ltda. como su enlace operativo y corresponsal local para gestiones en territorio brasileño. Por su parte, la Abogacía General de la Unión (AGU) interviene en representación del Estado para supervisar la repatriación subsidiaria de los marinos, conforme a los tratados internacionales de auxilio humanitario. Además, la inclusión de PETROBRAS responde a su rol como fletadora y destinataria final de la actividad económica del buque, lo que permite al tribunal asegurar que cualquier fondo pendiente de pago al armador sea redirigido prioritariamente para liquidar los salarios adeudados a los trabajadores. Al enfrentar los cuestionamientos de la fiscalía durante las audiencias desarrolladas a principios de mayo del 2026, los representantes de la naviera mexicana admitieron la acumulación de la deuda salarial e intentaron justificar la insolvencia mediante un supuesto efecto dominó de deudas corporativas. Argumentaron que PETROBRAS había cancelado de manera unilateral, a finales de marzo de ese mismo año, un contrato que pretendía utilizar al Lagunero como unidad de alojamiento flotante en alta mar, lo cual habría representado un flujo de ingresos cercano a los 25 millones de dólares. Además, la compañía sumó a su defensa el impacto de presuntos impagos por parte de @Pemex , y una deuda paralela de alrededor de 13 millones de dólares atribuida a Blue Marine Telecom. Esta última corporación, presuntamente en proceso de recuperación judicial, era la fletadora del barco Puerto Real, otra embarcación del mismo grupo naviero que también se encuentra envuelta en un contexto de abandono similar. Mientras la defensa hace referencia a los impagos de @Pemex , la empresa mexicana recientemente celebró una alianza estratégica con PETROBRAS que busca fortalecer las capacidades de exploración y producción de hidrocarburos en México, particularmente en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México. Anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras una conversación con el presidente brasileño Lula da Silva, el convenio permitirá a @Pemex acceder a la amplia experiencia y tecnología de PETROBRAS en este tipo de operaciones offshore, así como a técnicas especializadas para identificar reservas adicionales en campos maduros ya explotados (como Cantarell). Inicia con intercambio de conocimiento y trabajo conjunto, con posibilidad de avanzar hacia esquemas de explotación mixta en algunos pozos, siempre respetando la soberanía nacional. Se espera que el acuerdo se firme durante junio de 2026. Ante la clara violación de los derechos de la tripulación y el riesgo de evasión, el tribunal ha impuesto restricciones inflexibles sobre el buque Lagunero. Quedó estrictamente prohibida cualquier maniobra de desatraque o navegación sin la autorización explícita de la corte. Para garantizar el cumplimiento de esta retención, la justicia designó como depositarios legales al comandante de la nave, Ramsés Cortes Alvarez, y al director general del astillero Renave, advirtiéndoles sobre las posibles sanciones penales y civiles que acarrearía el incumplimiento de su custodia. De forma paralela, el juzgado instruyó notificaciones formales de bloqueo a diversas dependencias estratégicas, como la Policía Federal Marítima, el Consejo Nacional de Practicaje, las autoridades del puerto de Río de Janeiro y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, exigiendo a este último comunicar oficialmente la situación a las autoridades de México. Tras la última actualización financiera exigida a las partes en mayo del 2026, la deuda laboral consolidada, producto de la insolvencia y la cuestionable gestión de las empresas involucradas, se fijó exactamente en 10 millones 809 mil 680 pesos mexicanos, equivalentes a 3 millones 75 mil 353 reales con noventa y seis centavos. Atención @Claudiashein @MarcelaVilleg15 @CNE_Mex @SENER_mx @GobiernoMX @FGRmexico @LuzElena_GE @ASF_Mexico @SCJN @STPS_mx @Tu_IMSS @SEMARNAT_mx @agencia_asea @CENAGAS_mx @IMPetroleo @SATMX @Hacienda_Mexico @BuenGobierno_mx @Centrofcrl #OIC #UIF #OmarReyesColmenares …Zas!!!
